Open Data es una filosofía que tiene por objetivo poner a disposición del conjunto de la sociedad los datos que gestiona la administración pública en el desarrollo de sus funciones en formatos fáciles de manipular y en bruto (sin procesar).
De esta manera, cualquier ciudadano o empresa debe ser capaz de analizar, reutilizar y redistribuir estos datos, generando nuevos servicios de valor añadido y permitiendo de este modo a la Administración Pública profundizar en conceptos como el de transparencia hacia los ciudadanos (gobierno abierto) y fomentar la generación de riqueza a través de la gestión inteligente de los recursos (gobierno inteligente).
El objetivo de abrir esa información al público es que tanto ciudadanos particulares como empresas puedan reaprovechar estos datos para generar valor económico. Ponerlos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona, empresa u organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que genere nuevos datos, conocimientos o incluso creación de nuevos servicios que reporten beneficios económicos y/o sociales a los destinatarios finales. A estas empresas o personas que utilizan los datos públicos para darles un valor añadido les denomina "infomediarios" o "reutilizadores".
Los términos Open Data y Risp (Reutilización de la Información del Sector Público) están muy relacionados. El término "Open Data" es anterior y es a raíz de la Ley 37/2007 sobre "reutilización de información del sector público" cuando comienza a tomar forma el término Risp. En ambos casos, lo que se trata es de poner a disposición de la sociedad datos "en bruto" que mantenga la administración.
Aunque los términos puedan parecer similares, el concepto Datos Abiertos persigue abrir los datos en formatos completamente libres (no propietarios) y no se contempla el pago por el uso de datos (deben ser gratuitos). Sin embargo, la Reutilización de la Información de las Administraciones Públicas prevé la posibilidad del pago por el uso de estos datos y la publicación de los datos en cualquier formato.
Públicos: Hay que abrir todos los datos de carácter público (todos aquellos, claro está, que no estén sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o derechos de autor). No debería existir otra traba por parte de la administración a la hora de decidir qué datos es pertinente.
Detallados: Hay que abrir los datos en bruto. Es decir, es necesario publicar tal y como están en su origen, sin procesar y manteniendo el mayor posible nivel de detalle.
Actualizados: Se debe garantizar la coherencia de los datos que se publican. Es decir, los datos deben ser precisos y actuales. Por eso, habrá publicar los datos con cierta frecuencia de actualización para los datos representen la realidad.
Accesibles: No debería existir ninguna restricción para todos aquellos que quieran hacer uso de los datos, ni en el propósito de uso.
Automatizados: Los datos deben estar estructurados para que puedan ser procesadas de forma automática por un ordenador. Esta es una condición muy importante para que se puedan reutilizar los datos de forma automática. Si el Ayuntamiento ha colgado los datos en formato PDF, éstos no serían procesables por un lenguaje de programación. No obstante, si los publica, por ejemplo, en formato XML estructurado, este lenguaje es fácilmente comprensible para ordenadores y podrá ser reutilizado de manera automatizada.
Sin registro: No se requerirá registro para poder acceder a los datos. Si para descargar los datos de los monumentos del municipio nos exigen firmar un acuerdo o registrarnos en la página, tampoco se podría considerar Open Data.
Abiertos: Los formatos de los datos no pueden depender de una entidad o de una herramienta propietaria de una entidad. Como ejemplo, un formato abierto sería CSV o XML, mientras que formatos propietarios serían Word, Excel...
Libres: Los datos deben estar libres de derechos, patentes, copyright y no estar sujetos a derechos de privacidad, seguridad o privilegios que puedan estar reglados por otras normas. Como se ha visto, en el concepto Risp sería posible el escenario donde la Administración cobre una tasa o precio público por el uso de estos datos.
Todos estos principios son necesarios para asegurarnos de que estamos hablando de Datos Abiertos y no de otro concepto que no entraría dentro de la filosofía real del Open Data.
El término "dataset" o "conjunto de datos" hace referencia a la categorización de los datos públicos en catálogos de datos. Los datos en bruto se organizan en "conjuntos de datos" o "datasets" para ser más fácilmente indexados y localizados. Por ello, se utilizan campos que definen el grupo de datos como la descripción, la frecuencia de actualización, el formato o la licencia de uso entre otros.
Los formatos más utilizados para la apertura de datos son:
Del mismo modo, hay formatos que impiden que los datos puedan ser abiertos. Cuando los datos tienen un formato imagen (JPG, GIF, TIFF, etc.) No se pueden considerar estructurados ya que las máquinas no pueden interpretar su contenido de una manera automática. En el caso de los archivos PDF, aunque su origen fue por ser universales (no propietarios) tampoco son estructurados ya que pueden contener imágenes o incluso ser directamente una imagen que contiene texto. Los formatos como Word o Excel, al ser formatos propietarios, requerirían disponer de licencia para su uso por lo que no sería aconsejable. En el caso de los datos en formato Excel, estos son fácilmente exportables a formatos de texto como CSV que sí cumplirían los requisitos de formato no propietario.
Según apunta la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público, "la información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, tiene un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática". La propia Administración, mejorando su eficiencia y capacidad de interoperar con otras administraciones también es beneficiaria de esta apertura. De lo que se deduce que hay tres roles para los cuales se generan beneficios: empresas, ciudadanos y Administración.
Las ventajas económicas del open data provienen de la posibilidad de que las empresas generen valor económico a partir de los datos públicos servidos por las administraciones, creando servicios y aplicaciones a partir de estos datos libres.
Esto se traduce en un nuevo nicho de mercado basado en contenidos digitales, lo que ayuda a la creación de riqueza y la posibilidad de dar servicios de valor añadido. Asimismo fomenta la competitividad entre empresas, al brindar la posibilidad de monetizar esta información pública y libre obteniendo un beneficio.
La principal ventaja que conlleva la libre difusión de datos públicos es el acercamiento a los principios de Gobierno abierto e inteligente, es decir, aquel en permanente conversación con los ciudadanos y que facilita la participación y colaboración de la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones.
El uso y utilización de los datos públicos puede generar diversas aplicaciones y nuevos servicios de valor social que mejoren la vida de los ciudadanos. La creación de nuevos servicios por parte de las iniciativas privadas con el uso de los catálogos de datos abiertos, conlleva la generación de nuevos puestos de trabajo.
Mayor transparencia: exponer los datos públicos en un portal web de forma estandarizada, de manera que tanto ciudadanos como empresas u otras instituciones puedan hacer uso, supone un gran paso para la transparencia informativa y la consecución de uno de los objetivos del gobierno abierto. Los ciudadanos pueden tener una visión más clara de las acciones y servicios de su administración así de cómo se está invirtiendo su contribución y gestionando los recursos públicos.
Las administraciones pueden reducir notablemente los costes de la realización de aplicaciones costosas que ahora pueden diseñar las empresas infomediarias, dinamizando de esta manera la economía.
La Administración también se beneficia de la colaboración de los ciudadanos, los que colaboran activamente en la mejora del servicio público con contenidos generados por ellos mismos o ideas e iniciativas creadas y promovidas por ellos o nuevas aplicaciones desarrolladas a partir de los datos públicos liberados.
El poder intercambiar los datos entre diferentes administraciones (local, central, autonómica) promoviendo así la interoperabilidad da como resultado mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración y la carga de trabajo de los empleados públicos, incrementando la colaboración entre administraciones, beneficiando por lo tanto el ciudadano.
La interoperabilidad conlleva también una reducción de costes debido al hecho de que en la medida en que dos conjuntos de datos se refieran al mismo tipo de información, si el formato elegido por las diferentes administraciones es el mismo permite obtener más fácilmente nuevos usos de los datos al combinar.
La posibilidad de que el ciudadano colabore permite a los responsables políticos estar al día de las inquietudes y los intereses de sus vecinos.